El principio de laicidad constitucional, como garantía jurídica, entraña en su núcleo la libertad religiosa dado su reconocimiento como derecho fundamental. Es lo institucional y políticamente correcto en cuanto a su respeto y tolerancia. Sin embargo, altos funcionarios del Estado advierten cómo en medio del ejercicio legítimo de la función administrativa se recurre públicamente a discursos con marcado contexto religioso católico.
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