Las últimas décadas de la historia en Colombia han estado marcadas por el profundo azote de los actos de violencia de grupos subversivos, la reacción del Estado no se ha hecho esperar, y en el afán de mejorar los resultados frente a las actividades de los integrantes de los grupos al margen de ley ha llevado a proponer variedad de políticas a los miembros de la Fuerza Pública, para estimular o incentivar su valiosa actuación.
No obstante, como se mostró, aunque incipientemente, a finales de la década de los setenta y palmariamente en la primera década del siglo XXI, se generalizaron prácticas, eso sí denunciadas interna y externamente, consistentes en conducir a las víctimas con el apoyo de civiles informantes, simular combates o atribuirle la comisión de delitos, para obtener privilegios económicos e institucionales por su muerte, de suerte que se terminó en constitución de prácticas criminales con el velo de jurídicas y legales para reflejar eficacia y eficiencia.
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