Ordenan implementar protocolo de valoración de riesgo y priorizar el uso de las TIC en futuras audiencias.
El Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Secretaría de Gobierno del municipio de Busbanzá, tras incumplir el deber reforzado de debida diligencia en un caso de feminicidio. En noviembre del 2021, una mujer que había denunciado ser víctima de violencia por parte de su expareja fue asesinada con arma blanca durante una audiencia de conciliación que se estaba realizando en las instalaciones de la dependencia cuestionada.
La autoridad judicial consideró que se debió salvaguardar el derecho fundamental de la mujer a una vida libre de violencia considerando las amenazas que recibió en varias oportunidades de su expareja y que, además, puso en conocimiento de las autoridades, específicamente de la Secretaría de Gobierno con funciones de inspección de policía.
Y es que el hecho de que el agresor no ejecutara actos de violencia física antes o de que el municipio históricamente no presentara casos de feminicidio no eran aspectos que permitieran restarle importancia al riesgo, pues lo contrario llevaría a entender que las amenazas solo pueden considerarse serias si el agresor ha avanzado a escenarios más graves. El municipio deberá implementar un protocolo de valoración de riesgo y rutas de atención integral para víctimas de violencia de género. Así mismo, deberá priorizar el uso de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) en futuras audiencias para evitar el contacto físico entre víctimas y agresores, garantizando siempre el acompañamiento de la fuerza pública (M. P. Laura Patricia Alba Calixto).
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